El gobierno español se ha negado a ni siquiera estudiar la solicitud de asilo político de 17 de los saharauis que llegaron el pasado 5 de enero a Fuerteventura, huyendo de la represión que se ha agravado en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental tras el brutal desmantelamiento del campamento por la dignididad en Gdeym Izik (afueras de El Aaiún, capital ocupada del Sáhara Occidental). A parte, en la tarde de ayer, la Audiencia Nacional autorizó, desestimando las medidas cautelares, la expulsión de 13 de los 17 saharauis al no existir “indicios que revelen que las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico”.
La resolución de los tres casos restantes se conocerá el próximo lunes. Mientras, activistas de diversos colectivos de apoyo al pueblo saharaui en Tenerife, realizaron una acción de rechazo a la expulsión de esta personas en la Delegación del Gobierno español en la capital de la isla, señalando la complicidad del gobierno del PSOE con las autoridades marroquíes.
