Numerosas personas se concentraban a las 19 horas frente al Consulado de Honduras en la capital tinerfeña, convocadas por el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos para rechazar de manera explícita la irrupción en la vida democrática del país centroamericano y expresar el apoyo y la solidaridad a sus gentes frente a este Golpe de Estado.
Más info: Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos
Un centenar de personas de la comunidad educativa, AAEE y activistas se manifestaron ayer en defensa de la enseñanza pública y en contra de los recortes y la eliminación (en algunos casos) de la oferta formativa en todos los niveles educativos (Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte, optativas de Bachillerato, Bachilleratos nocturnos, etc.)
La marcha, que comenzó sobre las 18:00 horas en la Plaza Weyler, recorrió la Calle El Castillo entre cánticos: “¡Gobierno, escucha, la enseñanza está en la lucha!, ¡Esta Consejera, fuera, fuera…!, ¡No al desmantelamiento de la FP!, ¡No a la supresión de los Ciclos Formativos!, ¡Gobierno, atiende, la enseñanza se defiende!”.
Unos diez metros antes del Parlamento de Canarias, donde se encontraba en ese momento la Consejera de Educación Milagros Luis Brito, se encontraba un cordón policial bloqueando el paso a los y las manifestantes, quienes pidieron a la Consejera que saliera a la calle y escuchara la voz del pueblo. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto.
Centenares de personas acudieron en la mañana del sábado a la Avenida Marítima de San Andrés, en la capital tinerfeña, para reivindicar el derribo del edificio de aparcamientos y locales comerciales ubicados a la entrada de la playa de Las Teresitas, conocido como el Mamotreto, cuyas obras se encuentran paralizadas por un litigio abierto contra el Ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación urbanística en la compraventa del frente de playa.
Vecinos y vecinas junto a organizaciones sociales y políticas, recorrieron las calles principales del pueblo pesquero denunciando el interés de las instituciones en privatizar recursos, concretamente el parking para coches que va a suponer un gasto para todas las personas usuarias de la playa. La Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, Anaga y su litoral y los Colectivos Vecinales de Anaga, apoyados por Asamblea por Tenerife, reclamaron con esta convocatoria la necesidad de que se escuchen sus demandas: una playa pública con aparcamientos gratuitos y con mejores servicios; un frente marítimo libre, con escollera y sin ampliación de la Dársena, así como el derribo del Mamotreto.
Que se frene el afán especulativo y que se priorice la ejecución de propuestas que cubran las verdaderas necesidades que tienen los pueblos y barrios de esta zona de Santa Cruz de Tenerife, resume las principales exigencias que se pudieron escuchar al finalizar la manifestación junto a la Cofradía de Pescadores.
La noche del martes tuvo lugar, dentro de la agenda de actividades semanales que organiza el Centro de la Cultura Popular Canaria, una charla coloquio para dar a conocer el Proyecto de Decreto de Ley que tiene preparado el Gobierno Canario con el que pretende regular el espectro radiofónico y donde se excluye intencionadamente a las emisoras de carácter cultural y a las comunitarias.
En este acto participaron a través del teléfono el abogado José Manuel Rivero (Asociación Justicia y Sociedad), que explicó los pormenores jurídicos de este Decreto y Javier García (Unión de Radios Comunitarias de Madrid) que aportó información sobre la experiencia que han tenido otras radios con problemas similares en todo el Estado. Además, junto al moderador en la sala intervino José Miguel Martín (Radio Pimienta), quien expuso la problemática que supone este intento por parte del poder de acallar las voces críticas dejando fuera de la ley a los proyectos de comunicación social e independiente. Además planteó la necesidad de trabajar en acciones coordinadas entre radios que, reconociendo y aceptando las diferencias, logren sumar fuerzas para lograr parar el atentado contra la libertad de expresión que supone este Decreto del gobierno de Paulino Rivero y apoyado por todos los partidos con representación parlamentaria.
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